El Pleno aprueba apoyar la Proposición de Ley Orgánica “Antiokupa”

El Pleno de Pozuelo de Alarcón ha aprobado la moción presentada por el Grupo Municipal Popular en apoyo de la Proposición de Ley Orgánica “Antiokupa” que garantice el derecho de la propiedad, la seguridad de personas y bienes y la convivencia social.

Con este texto, que ha contado con los votos a favor de los grupos municipales PP y Ciudadanos, y el voto negativo de PSOE y Somos Pozuelo, se manifiesta el rechazo a la ocupación ilegal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios.

Esta proposición, que fue registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 31 de enero, articula, entre otras medidas, que la Policía podrá desalojar la vivienda ocupada ilegalmente en un plazo “exprés” de 24 horas, sin necesidad de esperar varios meses como hasta ahora y reforzará el delito de usurpación pasando de un multa a pena de privación de libertad de uno a tres años. Para ello, agilizará el proceso penal para juzgar este tipo de delincuencia de usurpación y modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Jurado.

Tal y como ha expuesto el primer teniente de alcalde, Eduardo Oria, durante la celebración de la sesión plenaria “combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contra las mafias y la delincuencia asociada a la misma y garantizar así, la propiedad privada, la convivencia y la seguridad son los motivos principales que impulsan esta iniciativa”.

Tras la celebración del pleno, la primer edil también ha recordado que esta normativa, de aprobarse, “apoyará a las comunidades de propietarios cuando los ocupantes ilegales realicen actividades prohibidas o molestas y considerará nula la inscripción en el padrón municipal de un okupa ilegal”.

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón también reclamará, gracias a la aprobación de esta moción, a las fuerzas políticas con representación parlamentaria que den su apoyo a esta iniciativa normativa “antiokupa” y trasladará estos acuerdos a la Ministra de Justicia, a la Vicepresidenta del Gobierno y a los Portavoces Parlamentarios de los grupos con representación en el Congreso y en el Senado. Así como al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.