El juez tumba la decisión de Quislant de no permitir el piso tutelado para menas en Pozuelo

Según ha publicado ABC, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 29 de Madrid ha suspendido de manera cautelar la orden de cierre dictada por la alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, para el piso tutelado de menores extranjeros no acompañados en el municipio.

Quislant acordó en noviembre el cierre de este centro gestionado por la Fundación SAMU, que está especializada en al atención de menores, alegando que el espacio “no cumplía con la normativa”, ordenando así el cese de la actividad.

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo alegaron en su momento que el planteamiento urbanístico del municipio no contemplaba el uso que la Comunidad quería dar a la vivienda para acoger a los MENAS. Amparándose en un informe urbanístico, el Consistorio advirtió que la actividad ejercida por la Fundación SAMU no era compatible con las edificaciones de la zona.

Además, Quislant aseguro que el inmueble únicamente se podía destinar a local comercial o despacho profesional vinculado a la vivienda, por lo que “no se puede autorizar como centro residencial”, y explicó que su decisión no se debía a no querer acoger a los menores no acompañados, sino a que el sitio “no es adecuado”.

Sin embargo, desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid no compartían la visión de Quislant, ya que en un informe realizado por técnicos de la consejería aseguraban que no se trataba de un centro de menores, sino de un “piso tutelado” que “cumple con las condiciones para ser una vivienda tutelada para acoger a los menas”.

Esta resolución obliga así a la alcaldesa a revocar la resolución que impedía a la fundación acoger a los menas, aunque dispone de tres días para presentar alegaciones.

Por su parte, Suana Pérez Quislant ha declarado tras conocer la resolución, que aceptan "como no podría ser de otra manera" la decisión del juez y no clausurarán la actividad del centro.

Además, ha explicado que continuarán adelante con el procedimiento y que "seguimos manteniendo, y así lo mantienen los técnicos de este Ayuntamiento, que el uso de esa vivienda no es el que permite nuestra normativa para meter un centro de menores, por lo que seguiremos adelante y el tema continuará en el juzgado".