El contrato de publicidad institucional del Ayuntamiento de Pozuelo podría ser declarado nulo

Como ya informábamos el pasado 31 de enero, el Consistorio ha adjudicado el servicio de difusión de campañas institucionales en medios de comunicación social:  el lote 1 a la empresa Adsolut SL y el lote 2 a Peter Planning SL.

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 109.989,00 € y el plazo de duración del contrato es de un año con posibilidad de prórroga por años sucesivos hasta un máximo de dos.

El Ayuntamiento de Pozuelo busca así, a través de una gestión externa, planificar y contratar la difusión de sus campañas informativas. Hasta ahora -salvo una ocasión- la gestión de las inserciones publicitarias las llevaban directamente los trabajadores municipales, a través de contratos menores. No obstante, han decidido externalizar este trabajo, para “conseguir mejores precios en el mercado, ya que debido al volumen de trabajo que manejan, son capaces de ofrecer precios más competitivos, lo que supone un beneficio a las arcas municipales y por ende a los vecinos del municipio”.

Sin embargo este modo de proceder no evitaría la más que conocida arbitrariedad con que el Ayuntamiento de Pozuelo decide qué medios reciben campañas publicitarias y cuáles no. Esto no es elección de la empresa adjudicataria, puesto que la última palabra, la decisión final, reside en el Departamento de Comunicación y prensa.

El proceso de licitación para decidir las empresas ganadoras del concurso determinó que las dos entidades presentadas ganaban: una un lote y la otra el otro lote. La licitación se realizó basándose en un informe de un trabajador municipal quien aplicó los baremos que dieron como resultado el contrato.

Irregularidades en los informes de contratación

Según fuentes consultadas por Diario de Pozuelo, las personas que trabajan en el departamento de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento de Pozuelo, quienes firman los informes necesarios para las licitaciones en la materia, pertenecen a la categoría de personal laboral temporal, y no tienen competencias para firmar esos informes.

El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, afirma en su artículo 9 que “el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca”.

Según recoge la citada ley, los empleados públicos se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral -indefinido o temporal- y personal eventual.

Ninguno de los trabajadores actuales del Departamento de Prensa y Comunicación del Ayuntamiento de Pozuelo es funcionario, sino personal laboral, por lo que no tienen atribuciones para participar en procesos administrativos de licitación pública.

Únicamente pueden firmar válidamente esos informes los funcionarios de carrera, quienes, según recoge la ley, “en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente".

Contratación e Intervención, en entredicho

Por tanto, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el acuerdo de adjudicación por el que se asigna el servicio de difusión de campañas institucionales en medios de comunicación social a las empresas Adsolut SL y Peter Planning SL. podría ser impugnado y declarado nulo. Y habría que comenzar de nuevo el proceso de licitación.

Las mismas fuentes advierten que algunos de los funcionarios que han intervenido en el proceso de licitación podrían haber incurrido en determinados delitos.

Igualmente la intervención municipal debería saber que el proceso adolece de algunas irregularidades que podrían complicar el pago a las empresas adjudicatarias.