Aprovechar la crisis

Si no he entendido mal, la democracia consiste en que los ciudadanos votan para que el gobierno les dé lo que piden sin tener que pagar por ello, totalmente gratis. Cuando un gobierno satisface más ampliamente las demandas de sus votantes más le siguen votando. El gobierno no produce los bienes y servicios, pero los saca, mediante impuestos, de quienes los producen y cuando éstos no dan más de sí mediante deuda pública. De ese modo se instala rápidamente un estado del bienestar porque ningún pueblo con una buena democracia va a dejar de exigir a sus gobernantes el máximo de confort en la vida.

No entra dentro de las cábalas de los votantes que su bienestar sea insostenible, por más que estén plenamente concienciados del crecimiento sostenible. No se sabe lo que cuesta un voto de izquierdas, pero es claro que con él se reivindica todo el bienestar del mundo ¡Y demasiado poco piden los pueblos con el increíble poder que da el voto democrático, demostrando una desmesurada modestia! Pero el voto no produce nada que no sea diputados y, en consecuencia, en algún sitio tiene que manifestarse esa fisura de la lógica. No resulta sorprendente que el estado de bienestar democrático celtibérico esté tan en quiebra como su parienta la Unión Soviética. Tiene la ventaja de que a este paso van a acabar pronto con los últimos restos del franquismo, que ya se desmoronó cuando se levantó la exclusión de los sindicatos de clase y la prohibición del consumo de drogas, está a punto de liquidarse la familia y el trabajo permanente, se deja de incentivar el ahorro por la reivindicación de que fluya el crédito, y la propia Seguridad Social franquista que algunos se han empeñado en prolongar, está en bancarrota y, por tanto, su desaparición completará los esfuerzos de desmantelamiento.

Con los datos económicos disponibles antes de las elecciones era previsible el crac; por eso, el Partido Popular quizá no debió de presentarse a ellas para que los que han hundido a España gestionaran la quiebra y sus votantes pudieran enterarse del coste de las sustancias narcóticas del socialismo, pero les pudo la codicia del poder con su siniestra lógica. Ahora ni siquiera son capaces de explicar la situación que se encontraron, sólo les cabe gestionar los despojos de España con un juego malabar de palabras sobre si nos han rescatado o intervenido.

La izquierda caviar y mediática, ante el desconcierto del gobierno, utiliza las migajas de bienestar en la compra de los votos que necesita para mantenerse parasitariamente en el poder. Satisface a sus votantes democráticamente, con la producción ajena y cuando se hunde el sistema y les falla la vía democrática formal sale a la calle con medidas, también democráticas pero reales, de extorsión: acusan de los recortes al Partido Popular que ganó las pasadas elecciones y presiona con la huelga y el chantaje, los indignados y previsiblemente el terrorismo.

En el improbable supuesto de que el Partido Popular acierte con la gestión económica dejaría un país recuperado para un nuevo intento de democratizarlo en una especie de eterno retorno del socialismo; si fracasa España será pasto de los buitres. Produce desconcierto que el gobierno no afronte el problema básico de las consecuencias de seguir manteniendo con deuda el aparato parasitario y depredador del socialismo con el que pronto volverá al poder.

La salida creo que estaría en aprovechar la situación para constituir una nueva entidad de asistencia a la medida de los españoles. Que integre Sanidad, educación, pensiones, instituciones culturales y económicas adecuadas a las necesidades de los trabajadores, que tengan la calidad suficiente y cuyo coste obviamente habrá que pagar con precios y cotizaciones. Para ello bastaría convocar una especie de referéndum y, conforme a su resultado, transferir a su organización gestora la parte correspondiente del sistema de bienestar que ahora detentan las autonomías, el estado, las corporaciones locales, diversos entes autónomos y muchos colectivos.

A la par, habría que dejar la parte alícuota del sistema a las autonomías, sindicatos de clase, partidos de izquierda, indignados, intelectuales orgánicos, titiriteros, terroristas, dirigidos todos por los correspondientes gais, que ahora lo tienen como propio en su totalidad y habría que dejarlo a su propia lógica democrática para que ellos puedan hacer lo que quieran con lo que les corresponda y se complazcan con su bienestar, que sea para ellos y lo disfruten. Sólo habrá que garantizar el mínimo de interferencias de esos colectivos en la organización de los españoles.

No se ve la necesidad de compartir aspectos de la vida económica o cultural con quienes no se tiene nada en común y que, por lo demás, no son receptivos a ningún entendimiento, que amenazan siempre con la extorsión por delante, que parasitan, chantajean y depredan, que definen sus derechos unilateralmente. Los españoles deberíamos compartirlo con los grupos hispanoamericanos o europeos afines a nuestra cultura.

Juan Antonio Martínez

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