La Comunidad de Madrid actualiza su política del sector del juego y casas de apuestas

Cada Comunidad Autónoma tiene la potestad de legislar sobre numerosos aspectos que inciden en el día a día de sus ciudadanos, ya que tienen competencias adquiridas sobre el Gobierno Central en asuntos como, educación, Sanidad, o actividades de ocio. Dentro de este último ámbito se engloban la parte de casas de apuestas y juegos de azar, que tanta controversia interesada está generando en las campañas electorales.

Un marco regulatorio valiente es el que todos los agentes involucrados reclaman, y en este sentido la Comunidad de Madrid ha presentado su marco legislativo acerca de este ámbito, dejando con incertidumbre a todas las partes interesadas.

Estas medidas políticas no son del todo valientes, dejando lagunas que no agradan a casi ninguna persona involucrada. La moratoria de diez años es otro ejemplo claro de la inseguridad que el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, presentando el Decreto que regula y actualiza la actividad del juego en dicha Comunidad.

Uno de los aspectos que más reacciones está causando dicha presentación, son los cien metros de distancia que debe existir entre los salones de juego y apuestas con respecto a los centros educativos. Pero como se ha dicho anteriormente, la moratoria es de diez años, con lo que las empresas afectadas tendrán una década para amoldarse a la nueva situación, e incluso que un posible cambio de signo político, deje este Decreto en agua de borrajas, y sea sustituido por uno más severo o laxo, depende de lo que estimen las nuevas personas que accedan al poder de la Comunidad de Madrid. En el sentido de este objetivo, Rollán postula que “el nuevo decreto reforzar las medidas de protección de menores de edad y demás colectivos especialmente vulnerables en la accesibilidad a los locales de juego".

Otro de los puntos clave que quiere asegurar este nuevo marco legal es la seguridad. Por ello, se otorga un plazo de seis meses para la implantación de un sistema de control en todos los locales, y en el caso de que este nuevo instrumento requiera obra en el establecimiento, se podrá acoger a una prórroga de tres meses adicionales para correcta instalación.

Las inspecciones también serán más severas, incrementando las sanciones en el caso de que se compruebe que menores de edad se encuentran dentro de estos establecimientos, realizando actividades no acordes con su edad y prohibidas totalmente en el caso de que no se haya cumplido la mayoría de edad. Estas multas podrían llegar hasta los 9000 euros por menor, lo que supone un punto a cumplir de manera drástica por los empresarios para la buena marcha del sector. Por ello, se aumentará la plantilla de inspectores de juego en la Comunidad de Madrid, además de seguir manteniendo una estrecha colaboración con la Brigada del Juego de la Policía Nacional, a fin de buscar el beneficio común aunando fuerzas.

El sector del juego necesita una legislación legal clara y precisa. La Comunidad de Madrid ha dado un primer paso, pero no parece contentar a ninguno de los agentes involucrados con las medidas aprobadas.