¿Al socialcomunista gobierno de España le gusta que Pozuelo sea una ciudad insegura?
Seguimos sufriendo robos en Pozuelo, que generan una gran alarma social. Eso nos pasa por ser la ciudad española con mayor renta per cápita. Los amigos de lo ajeno se creen que Pozuelo de Alarcón es el paraíso, que el dinero florece por doquier.
Y nada más lejos de la realidad. La semana pasada Diario de Pozuelo publicaba que el 60% de la riqueza del municipio está en manos de un 20% de los vecinos. Esto nos aboca a ser la segunda ciudad española de más de 50.000 habitantes con más desigualdad.
Oímos hablar con frecuencia de robos que se producen en los domicilios particulares, especialmente en las urbanizaciones. Y sobre todo en la urbanización La Cañada, de la que nadie podrá afirmar que se trate de una zona residencial de ricos.
El Ayuntamiento de Pozuelo debería gritar -con más fuerza- que la seguridad ciudadana es competencia del Estado. De la Delegación del Gobierno en Madrid. De la Delegada María Paz García-Vera. O sea, que depende del gobierno socialcomunista que nos hemos dado.
No quiero pensar mal, pero da la impresión de que al Gobierno de la Nación le podría dar igual, incluso vería con buenos ojos, la subida de la criminalidad en Pozuelo, en una ciudad que mayormente vota a la derecha. No me lo acabo de creer, pero es lo que parece.
¿Qué hace la Policía Nacional en nuestra ciudad? Patrullar poco. Moverse por las urbanizaciones, menos. Pozuelo de Alarcón es un retiro dorado para cualquier policía nacional.
Y, mientras, el Ayuntamiento de Pozuelo tratando de tapar agujeros. Que no son los suyos. Los coches de policía que se ven son los de la Local.
Si algo tengo que recriminar a Susana Pérez Quislant y a su gobierno es que no cumpla con más celeridad sus promesas electorales. Porque en su programa electoral de 2019 prometió que “instalaremos un sistema de cámaras de seguridad en los accesos y salidas de la ciudad” y no lo ha hecho. Pienso que muchos de los problemas se solucionarían instalando cámaras que registren las matrículas de los vehículos que entran y salen del municipio y de sus urbanizaciones.
Por lo demás, la responsabilidad es de Pedro Sánchez y María Paz García-Vera.
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