Quislant muestra su desacuerdo con la propuesta de la Ministra de Hacienda de incautar los ahorros de los Ayuntamientos

La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Susana Pérez Quislant, ha mostrado en un comunicado su total desacuerdo con la propuesta de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por la que el Gobierno se incautaría el dinero del remanente de tesorería de los Ayuntamientos, comprometiéndose a devolverlo en distintas anualidades.

Quislant ha mostrado además su desacuerdo con la forma en que se ha dado a conocer la propuesta, ya que, explica el comunicado, no se tiene constancia que haya sido trasladada de manera oficial a la FEMP, y ello a pesar de que han sido numerosas las ocasiones en las que se ha demandado al Ejecutivo central el poder utilizar ese remanente por los propios Ayuntamientos para hacer frente, entre otros, a los gastos sobrevenidos por la covid-19; ni con el contenido, ya que Pérez

También se cuestiona qué pasaría con aquellos Ayuntamientos que no entren a formar parte de ese mecanismo de prestar el dinero para que les sea devuelto después en anualidades, y poder invertirlo en su ciudad. Para la primer edil, “esta forma de proceder se parece al más puro estilo de un chantaje por parte de Sánchez a las entidades locales” y mantiene la denuncia que ya ha venido manifestando públicamente sobre el “ninguneo y la falta de respeto” demostrado por parte del presidente del Gobierno que no ha sido capaz ni de mantener su palabra y celebrar las reuniones periódicas anunciadas por él mismo con la FEMP, y haber podido así debatir y consensuar la propuesta.

Por todo ello, Pérez Quislant se ha sumado al rechazo mostrado por todos los alcaldes del PP y emplaza a Sánchez a mantener una reunión formal para abordar propuestas tan serias como esta, sobre la cobertura financiera, y que afectan directamente a las entidades locales, que han estado y están en primera fila a la hora de prestar ayuda al ciudadano. Pues, ha concluido, lo que pretende el Gobierno es “el secuestro de un dinero que hemos ahorrado los Ayuntamientos y que nos pertenece, para que de forma justa podamos invertirlo en nuestras ciudades, especialmente ahora que la población tiene necesidades urgentes que afrontar”.