Los promotores de Montegancedo recurren al TSJM la suspensión de 300 viviendas públicas

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la paralización de las obras en Montegancedo, Pozuelo de Alarcón, que afecta a 300 viviendas públicas tras más de 20 años de tramitación urbanística. La suspensión, decretada en julio como medida cautelar, responde a una demanda interpuesta en 2022 por la Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, alegando la necesidad de preservar el área por su valor ecológico.

El director general de ASPRIMA, Jorge Ginés, criticó duramente la decisión, señalando que Montegancedo es un claro ejemplo de los problemas que enfrenta la política de vivienda en España, donde la oferta es insuficiente para satisfacer la creciente demanda. "En una situación de emergencia habitacional, resulta demasiado fácil paralizar un desarrollo urbanístico incluso cuando ha seguido un proceso de más de dos décadas y cuenta con todos los permisos", señaló Ginés. En respuesta, ASPRIMA solicita un pacto de Estado para reformar la Ley del Suelo y asegurar la seguridad jurídica en los desarrollos urbanísticos.

Un desarrollo clave para Pozuelo

El proyecto urbanístico de Montegancedo, aprobado en 2002, abarca 70 hectáreas, que se dividen entre un parque forestal protegido y una zona degradada conocida como 'Los Polvorines de Retamares', donde se proyecta la construcción de viviendas. Según ASPRIMA, el 70% del área total se destinará a zonas verdes, mientras que 36 hectáreas pasarán a ser de titularidad pública para el disfrute de los vecinos. La superficie edificada ocupará solo el 15,2% del total.

En cuanto a las viviendas, se contempla la construcción de 1.050 unidades, de las cuales 294 serán cedidas al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón sin coste alguno, como parte del I Plan de Vivienda destinado a familias numerosas. Según el último censo, Pozuelo cuenta con 3.617 familias numerosas, y estas viviendas serían clave para atender sus necesidades. Ginés también advirtió que la paralización de las obras afecta gravemente al desarrollo del municipio, limitando la oferta de vivienda y frenando la expansión del campus de la Universidad Politécnica de Montegancedo, que contaba con 40.000 metros cuadrados para nuevos equipamientos.

Accesibilidad y sostenibilidad en riesgo

El proyecto de urbanización también incluía un plan de accesibilidad para mejorar la conexión entre el campus universitario y la M-40, con la eliminación de dos puntos negros de tráfico. Este aspecto clave del desarrollo también ha quedado en suspenso tras la decisión judicial. Ginés destacó que todos los informes técnicos y medioambientales emitidos por las Administraciones Públicas apoyan el desarrollo del ámbito de Montegancedo, y que incluso la consultora B Leaf confirmó que se trata de un proyecto de referencia en urbanismo sostenible a nivel europeo.

A pesar de las alegaciones de Ecologistas en Acción, Ginés cuestionó que hayan esperado más de 20 años para presentar la demanda. "Es totalmente injustificado y sorprendente que no se hayan tenido en cuenta los datos objetivos", comentó, refiriéndose a los informes que muestran que las zonas más sensibles medioambientalmente serán preservadas y gestionadas de forma sostenible.

Finalmente, Ginés lamentó que la paralización de las obras se haya logrado con un simple recurso judicial, sin la necesidad de presentar ningún tipo de aval o garantía que cubra los posibles daños en caso de que la sentencia final sea desfavorable para los ecologistas. "Esta inseguridad jurídica es un obstáculo para resolver la crisis de la vivienda en España y deja en el limbo proyectos que benefician tanto al interés público como al desarrollo social del municipio", concluyó.