La Audiencia obliga al juez a seguir investigando la contratación de Villarejo en la guerra familiar por la herencia del fundador de La Finca

La Audiencia Nacional ha obligado al juez a seguir investigando a Susana García Cereceda y otras dos personas por contratar los servicios del excomisario José Villarejo a raíz de la guerra familiar por la herencia de su padre, Luis García Cereceda, fundador de la exclusiva urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

En un auto, la sección tercera admite el recurso de la Fiscalía Anticorrupción y deja así sin efecto el archivo de la causa que decretó el juez Diego de Egea (que deja su puesto en la Audiencia Nacional a final de mes) contra Susana García Cereceda y contra los exsocio y exguardaespaldas de su padre, Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernandez Aumente, este último expolicía.

Los tres participaron en la contratación de Villarejo para espiar, usando datos confidenciales a los que accedía ilegalmente, a la hermana de Susana, Yolanda, y a la viuda de Luis García Cereceda, Silvia Gómez-Cuétara, en relación a la millonaria herencia del fundador de la urbanización de Pozuelo de Alarcón.

Anticorrupción recurrió este archivo al entender que era "prematuro y desorbitadamente intempestivo" y que había "sólidos indicios" de la comisión de los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil por parte de los clientes de Villarejo.

"De lo hasta ahora expuesto se desprende que la instrucción no está terminada, que existen indicios de la existencia de los delitos denunciados y de la participación en ellos de los investigados respecto de los que se han sobreseído las actuaciones", dice ahora la sala en la línea de la Fiscalía.

Los magistrados critican además que el juez archivó el caso para los tres imputados cuando la pieza de Tándem en la que se les investiga (llamada Land, y en la que también figuran Villarejo y su socio el abogado Rafael Redondo) era todavía secreta, lo que ya vulnera la ley al no respetar el plazo mínimo de 10 días desde que se levanta el secreto hasta que se finalizan las actuaciones.

Ello no permitió a los imputados, dicen los jueces, tener conocimiento de la investigación contra ellos y no pudieron así "actuar adecuadamente en defensa de sus intereses".

Pero la sala incide especialmente en el hecho de que De Egea archivó antes de que se hubieran practicado las diligencias que se acordaron, y lo hizo, destacan, sin dar explicación de por qué esas diligencias no eran necesarias.

"Al acordarse el sobreseimiento no se había hecho el análisis completo de los datos obtenidos de los dispositivos informáticos intervenidos en los registros" a los domicilios de Villarejo y Redondo, recuerdan los jueces, ni tampoco se había identificado al personal de las compañías telefónicas que filtró al excomisario datos de llamadas de números que le facilitaron los ahora investigados.

También, añaden, "faltaban por practicar las declaraciones de las víctimas con toda la amplitud, una vez alzado el secreto de las actuaciones".

Insisten así que de "una instrucción incompleta" no puede sostenerse que estas tres personas no hayan participado en delitos de falsedad en documento mercantil, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos y solicitan que se realicen esas diligencias.

Tampoco que, tal y como sostenía el juez, "no tuvieran conocimiento de la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía de José Manuel Villarejo ni de los métodos que utilizaba para llevar a cabo el trabajo encomendado". Y para ello aportan conversaciones pinchadas en las que el excomisario se identifica como Policía.

Esta es la segunda vez que la sala revoca archivo de imputaciones decretadas por el juez instructor, después de que el pasado día 14 le ordenara volver a investigar al excomisario del Aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca por recibir dádivas a cambio de visados irregulares.

En cualquier caso, De Egea no seguirá investigando el caso Tándem, ya que ha renunciado a seguir cubriendo la plaza de juez de refuerzo del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, por lo que a partir del 1 de enero se encargará del caso el juez titular, Manuel García Castellón.