Los jardineros de Pozuelo convocan paros y protestas para exigir mejoras laborales
Los trabajadores del servicio de mantenimiento de parques y jardines de Pozuelo de Alarcón han convocado una serie de paros y concentraciones para exigir mejoras en sus condiciones laborales. La primera jornada de protesta tiene lugar este jueves frente a la puerta del Ayuntamiento. También se han anunciado al menos dos nuevas fechas para la continuidad de las movilizaciones si no se alcanza un acuerdo.
Las plantillas de las empresas adjudicatarias, Eulen e INDITEC (Grupo Ortiz), reclaman desde hace meses la actualización de un acuerdo firmado hace seis años. Pese a las reuniones mantenidas con las compañías, no se ha logrado un compromiso firme para la mejora de sus condiciones. Según denuncian los representantes sindicales, las empresas han supeditado cualquier avance a la aprobación del Ayuntamiento, que hasta la fecha no ha mostrado disposición a mediar en el conflicto.
Desde los comités de empresa se reprocha al Consistorio su pasividad, pese a tratarse de un servicio público esencial que afecta directamente a la calidad de vida en el municipio. Pozuelo de Alarcón, que ostenta el mayor nivel de renta per cápita de España, cuenta con una extensa red de parques y jardines que requiere un mantenimiento constante y profesional. Sin embargo, quienes se encargan de esta labor denuncian no recibir ni el reconocimiento ni las mejoras que consideran justas.
Muchos de los trabajadores afectados son, además, vecinos de la localidad, lo que añade una dimensión social al conflicto, ya que la precarización de sus condiciones repercute también en la comunidad a la que sirven. La falta de avances ha llevado a la convocatoria de movilizaciones para exigir un compromiso político y empresarial real.
Desde el colectivo de jardineros se ha propuesto como solución definitiva la remunicipalización del servicio, mediante la creación de un Organismo Autónomo o Empresa Pública que asuma la gestión directa, subrogando a toda la plantilla. Esta vía permitiría, según sus defensores, destinar el 100% de los fondos públicos al mantenimiento de zonas verdes, eliminando el beneficio empresarial y mejorando tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.
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