Energía nuclear

Leo con asombro que el líder de un sindicato bolchevique se declara a favor de mantener operativa la central nuclear de Garoña (Burgos) si el informe del Consejo de Seguridad Nuclear es favorable a ello, porque "no podemos permitirnos el lujo de prescindir de ninguna fuente de energía". La sorpresa viene de dos motivos:

Por una me sorprende la capacidad de decidir todos los asuntos que tienen los sindicalistas de clase sin necesidad de que esté definida en el organigrama competencial de la democracia. Aunque da un visto bueno cuya ausencia permitiría a cualquier enlace sindical, ecologista o pacifista tomar medidas contra la central y paralizarla, con alguna huelga o sabotaje, sin importar cuánto perjudica a la empresa o a los consumidores porque estarían siempre en su “derecho”.
 
La otra razón sorprendente es que el sindicalista haya cambiado de opinión, al igual que un presidente de gobierno que paralizó los programas de energía nuclear de España, y ahora estén defendiendo la energía nuclear y sean seguidos sin pestañear por las bases que han pagado, sin conocer su importe, una parte del elevado coste y han ido a las manifestaciones gregarias contra esa energía. No conocemos el soporte científico del cambio de opinión ni la cualificación profesional del sindicalista para ello pero seguro que está muy documentado tras años de estudio de economía y física nuclear y teórica (aunque sin título).
 
Es seguro que da su visto bueno de manera desinteresada, porque pertenece el tipo de individuos solidarios que no tienen intereses propios y sólo velan por lo público desinteresadamente; por eso no sorprende que, en un mundo donde todo tiene un precio, este tipo de autorizaciones sean gratuitas, máxime cuando la financiación de los sindicatos en otras ocasiones parece que no prescinde de formas salvajes de apremio y depredación. La injerencia sindical en las actividades de empresas donde no han invertido ni arriesgan nada propio es un derecho constitucional que no puede ser cuestionado, pero me gustaría saber por qué lo tiene sólo el sindicalista y no, por ejemplo, los agricultores o los niños (previas las correspondientes elecciones), quizá se deba a que el sindicato siempre va a responsabilizarse de las consecuencias de sus decisiones, igual que hizo con la PSV.

* Juan Antonio Martínez Muñoz es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.

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