Cambios en la estructura y gestión de los servicios sociales en las residencias

La administración pública y los profesionales de los Servicios Sociales están analizando la situación que han vivido las residencias de personas mayores por los efectos del covid-19, así como la necesaria respuesta que hay que dar para que el bienestar y la calidad de vida sea una realidad que puedan disfrutar quienes deseen envejecer en una residencia.

Lo que hoy voy a decir en este artículo son apreciaciones que, desde mi punto de vista profesional como trabajadora social, deseo comentar para facilitar el análisis ante el fenómeno sucedido en las residencias de mayores, porque es una realidad compleja que arrastra una problemática estructural.

Este sector aglutina centros que están erosionados por los recortes y las políticas de privatización de las últimas décadas, que mantienen trabajadores en condiciones precarias, con escasez de plantillas y carencia de medios. A esta situación tan dramática hay que añadir que no se ha puesto límite a los beneficios de las empresas dedicadas a implantar cadenas de residencias. Tampoco ha habido inspecciones permanentes que lo controlen, ni una inversión pública para contrarrestar el ánimo de lucro de algunas residencias privadas.

Todo esto desvela las carencias estructurales. No hay palabras, al menos yo no las tengo, para expresar mi descontento con todo lo sucedido, ya no solo por las numerosas e inadmisibles muertes que se han producido, sino por todas estas carencias que han favorecida esta dramática situación.

La ley de dependencia 39/2006 del 14 de diciembre, que promociona la autonomía de las personas, retrocedió tras la crisis del 2008. Se paralizó el desarrollo de dicha ley y, a medida que ha pasado el tiempo, se ha ido precarizando más y más. Con esta ley se pretendían dos cosas: el cuidado de los mayores y la creación de un nuevo mercado de trabajo. Esto se consiguió, el problema es que los ratios de los trabajadores se han calculado en función de los beneficios (rentabilidades empresariales) y no de las necesidades reales de personal por número de residentes, y que ha colapsado ante una sociedad poco sensibilizada con el bienestar de las personas mayores.

En una situación de máxima gravedad como esta, y siendo las personas mayores el principal grupo de riesgo, tienen derecho a la atención sanitaria pública por su condición de ciudadanos, tanto en atención primaria como en especializada. Lo que es inadmisible es que se les haya privado de este derecho por edad avanzada o por tener una gran discapacidad. La administración central, comunitaria y local, que son quienes tienen la competencia de gestionar, financiar y/o de supervisar estas instituciones deben implantar los mecanismos de evaluación, supervisión y coordinación de las mismas para evitar situaciones indeseables como las que se han producido.

Si analizamos los datos del número de personas mayores que viven en residencias y las cifras “oficiales” de muertes registradas en estos centros, el resultado es aterrador. En Madrid, un 9% de los usuarios habrían perdido la vida por covid-19. Estos son datos del 27 de abril del 2020. Por las normas vigentes ahora viven en las residencias los más dependientes, cuanto peor es su estado, más fácil es obtener ayuda pública para una plaza y a pesar de ello hay largas listas de espera. 20 años atrás, a las residencias se les catalogaba como “hoteles de lujo para mayores”, hoy es un modelo precario y este virus COVID-19 lo ha sacado a la luz.

El actual modelo depende en gran medida del sistema público, pero está soportado por una red esencialmente privada que obedece a su propio equilibrio económico, para que se entienda: en España había (datos del 2019) 381.158 plazas en residencias, de ellas, el 60% son plazas públicas y el 40% privadas. Pero en realidad este reparto se sustenta sobre solo algo más de un millar de equipamiento público, el resto, más de 4.000; son privadas que ofrecen X plazas públicas concertadas por lo que el grueso de la red pública está en manos privadas.

Considero necesario la urgente revisión del actual modelo de atención a la dependencia para poder dar respuestas a las necesidades reales y un cambio en el escenario de financiación pública de los distintos servicios de apoyos y cuidados de larga duración, hoy día escasos y con grandes diferencias entre los territorios autonómicos. Así mismo espero que esta crisis pueda convertirse en una oportunidad para lograr una sociedad más comprometida en atención, reconocimiento y valores con los más vulnerables. Eliminemos lo irrelevante, ganemos en flexibilidad, modifiquemos lo erróneo y avancemos en lo mejorable.

Me preocupa que una vez superada esta crisis sanitaria se acabe priorizando la seguridad a costa de todo y retornemos a un modelo institucional hospitalario como única solución para el cuidado de las personas más dependientes que viven en las residencias. Una cosa es que reciban la atención sanitaria que precisen y otra que las residencias acaben siendo hospitales geriátricos.

Desde mi punto de vista personal y profesional sigo diciendo que toda esta frágil situación que nos hemos encontrado en las residencias se basa en un problema estructural, debemos corregir todo esto con urgencia. La principal preocupación de la dirección de los centros, los trabajadores de los mismos, las familias y la de los propios usuarios es el miedo al contagio y a contagiar, el miedo a no ser cuidado y a no poder cuidar, pero mañana es necesario un paradigma en los conceptos de cuidados a nuestros mayores y al envejecimiento activo.

Toda esta situación que vivimos hoy en este sector la puedo resumir en una frase de Stalin para justificar sus purgas “Una muerte es una tragedia, pero un millón de muertes es una estadística”.

Pepa Pérez Andújar
Trabajadora Social.