Cómo abordar la crisis
Se acaban las felices vacaciones y los gobiernos municipales y regionales ya, y muy pronto el central, muy probablemente en manos del PP, tendrán que afrontar una crisis económica descomunal que es también moral, social y cultural; es la situación catastrófica en la que ha sumido el socialismo a España y a Occidente con una magnitud similar a lo que hicieron, más brutalmente en unos aspectos pero menos en otros, sus camaradas de la Unión Soviética, maoístas, Pol Pot, Castro, con pueblos como el ruso, chino, camboyano, cubano, etc.
Como dijo recientemente Esperanza Aguirre, quizá debamos trabajar más para no irnos al garete. Pero es casi seguro que no es eso en lo que están pensando los comunistas que se llaman indignados ni mucho menos el poderoso aparato extorsionador que está detrás de esos pobres títeres y los utiliza en beneficio privado de trotskistas como Roures que, sin ese chantaje, serían simples mileuristas.
No se han ido los causantes de la crisis y ya están acusando, provocando y amenazando; se ve que no les importa que haya un déficit brutal impagable con tal de seguir llenado sus estómagos y, lo que es más grave, sus narices (de cocaína) o sus ojos (de polanquina o rourina) sin trabajar. Van a dar mucha guerra; quizá sea el mayor problema de la próxima legislatura afrontar a toda esa jauría de parásitos proclives al terrorismo que, incluso, pueden frustrar la recuperación y que, si no lo impiden, volverán a dilapidarla en unos años.
Mi modesta opinión es sencilla y, aunque parezca drástica, flexible. Dada la incompatibilidad de propuestas de gestión de lo público (acabamos de ver la estupefaciente dosis de siempre propuesta por el que unos llaman RuGALcaba y otros Rub-Al-Quaeda, para la Sanidad pública, llena de tópicos alucinógenos y sin ninguna idea), se debería dividir el sistema público educativo, sanitario, de pensiones, etc. entre los principales grupos sociales para que cada uno lo gestionara a su manera (más o menos como ahora hacen las autonomías), eligiendo cada uno sus propios líderes gestores y la forma de representación que les plazca (para que los indignados puedan tener representantes en ese otro mundo posible uránico), pero sin interferencias de unos grupos sobre otros.
Como si se privatiza van a protestar violentamente -ya está en ello la mafia sindical bolchevique y sus adláteres- lo mejor sería que, tras un referéndum o consulta similar, se cediera regalado, a cada una de las organizaciones representativas resultantes, el patrimonio público proporcional y que cada una pudiera privatizar o mantener su parte y su organización de bienestar para sus integrantes y que, a la par, cada una la sufragara con sus impuestos o precios.
En la multitudinaria organización socialista-comunista se integrarían, sin duda, todos los progresistas, gais, abortistas, feministas, sindicalistas, titiriteros, cineastas, televisiones, liberados sindicales, etc. Mantendrían un sistema público radicalmente igualitario para ellos, la eficiencia, -según creen o, más bien, alucinan- está garantizada simplemente en función de su idea de solidaridad. La eutanasia les eliminaría el déficit de la sanidad; el cine subvencionado no sería negocio pero sería rentable. Las pensiones generosas por encima del salario medio, sin demasiados requisitos de cotización, serían atractivas. Cualquier problema lo arreglarían con una huelga o una manifestación, sin descartar la lucha armada.
En las otras comunidades quizá los trabajadores tendríamos algo de copago sanitario, más becas y menos colegios públicos gratuitos, menos espectáculo televisivo, pagaríamos por ir al cine y pensiones capitalizadas, etc. Los problemas se evitarían trabajando más y mejor, según la propuesta de Esperanza Aguirre, pero no tendríamos que soportar esa amenaza latente de la mugre socialista.
Con el tiempo veríamos la eficiencia de cada organización e ideología y el correspondiente trasvase de integrantes, pero sin la actual confrontación por el control de lo público que sustenta la amenaza permanente de la izquierda. No creo que interese a los progres, pero es evidente que el modo de vida presupuesto en el colectivismo socialista es tan incompatible con el comunitario personalista que no puede ser compartido en un espacio público.
Este diario no asume como propias las opiniones difundidas a través de las colaboraciones y cartas al director que publica.
Juan Antonio Martínez Muñoz es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
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