El PP y la telebasura

Cuando queda apenas una semana para las elecciones generales, todavía me queda la duda de qué va a hacer el PP en materia de regulación televisiva, si gana los comicios del próximo día 20.

Y es que los medios de comunicación son una gran potencia educadora que no puede ser ignorada y que también requieren, en muchos casos, el refuerzo de una política de calidad. En este sentido, no hace falta recordar que muchas cadenas de televisión no respetan los horarios de protección infantil. Por otra parte, hay canales ilegales que emiten casi exclusivamente esoterismo o programación sobre productos milagrosos de estética y belleza corporal. Se podrían citar más aspectos en los que ciertos operadores de televisión no respetan lo más elemental de la normativa televisiva: el exceso de imágenes violentas, la falta de respeto por la vida privada o incluso la pornografía, a pesar de que la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2010, regula y limita a ciertos horarios este tipo de emisiones, o prohíbe su difusión en el caso de los contenidos pornográficos.

Por todo ello, sorprende que algunos dirigentes del Partido Popular no muevan un dedo para proteger a los menores en el ámbito audiovisual. Es el caso de Esperanza Aguirre, que cuando se le pregunta si va a intervenir en un canal autonómico madrileño que infringe la ley –emitiendo pornografía en abierto– responde con evasivas que dan a entender su negativa a cualquier voluntad de regular esos temas. Pero la presidenta no es la única en enarbolar la bandera de un mal entendido liberalismo televisivo; también otros, como Miguel Ángel Cortés, que ha sido portavoz del Grupo Parlamentario Popular para Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información, defienden tesis similares.

¿Y qué piensa sobre la cuestión el líder del Partido Popular? ¿Está dispuesto, señor Rajoy, a crear un Consejo Audiovisual (u otro organismo similar) que proteja a los menores ante contenidos televisivos que pueden afectar gravemente a su desarrollo físico, mental o moral?

Cuando en enero de 2011 se anunció la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), previsto en la Ley antes citada, muchos nos alegramos y empezamos a ver el final del negro túnel de la telebasura. Por fin nos situaríamos a nivel europeo gracias a un organismo regulador que velaría por el cumplimiento de la ley en el ámbito audiovisual. El adelanto de elecciones detuvo este proceso.

Asimismo, el clima político y mediático de los últimos meses no favorece que se avance mucho al respecto. A ello contribuye el desconocimiento acerca de las funciones de un Consejo Audiovisual (incluso entre algunos profesionales de los medios y algunos políticos) y contra él se esgrimen muchos prejuicios (llamarle órgano de censura o instrumento de control creado por la izquierda, por ejemplo, cuando resulta que democracias tan avanzadas y nada sospechosas de ser antiliberales como la de USA o Inglaterra hace décadas que poseen un organismo de estas características).

En otros casos se recurre a la excusa de que no es necesario un consejo audiovisual, pues basta con la autorregulación de los profesionales del sector, y si se incumple la ley habrá que acudir a los tribunales. Pero, por desgracia, esta actitud ha fracasado: cientos de incumplimientos de la normativa de autorregulación cada año y ninguna medida correctora, advertencia o sanción en los últimos años. Y, por otra parte, los juzgados carecen de la agilidad, rapidez y eficacia que requiere un medio tan versátil como es el de la imagen.

De ahí la urgente necesidad de implantar una herramienta independiente, formada por profesionales de prestigio en el ámbito de los medios, que sea eficaz en la protección de los espectadores (sobre todo los niños y jóvenes), respete la libertad de expresión y tenga capacidad para hacer cumplir la ley en el ámbito audiovisual. Y en eso consiste, nada más y nada menos, un Consejo Audiovisual. Un organismo que a su vez puede ser controlado por otras instancias (para que no se exceda en sus facultades), entre ellas el Comité Consultivo, formado por representantes de las televisiones, las organizaciones de productores, los anunciantes, los sindicatos más representativos del sector, las asociaciones de defensa de los usuarios, etc.

Ante este panorama me permito reiterar, en forma de pregunta, una duda personal: ¿Apoyará el PP la creación de este Consejo, o por el contrario permitirá que el mundo de la imagen continúe siendo una selva en la que sólo rige la ley del interés económico?

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